Del reparto de las aguas en el campo/ Federico Errázuriz, Asesor en recursos hídricos

La mayoría de los chilenos -unos 15 millones de personas- nos hemos acostumbrado a disponer de un excelente servicio de agua potable en nuestros hogares, donde basta abrir una llave para acceder al agua en calidad y cantidad suficientes, sin mayores preocupaciones por parte de los usuarios.. Tenemos empresas sanitarias, comités de agua potable rural y al Estado velando por el buen funcionamiento de todo el sistema.

En el campo la cosa es muy diferente, no existen concesiones ni empresas, sino que los mismos usuarios son quienes se agrupan y organizan para administrar la captación, conducción, distribución y entrega de las aguas a cada usuario, conforme a lo que le corresponde.

En Chile actualmente, operan unas 4.000 organizaciones de usuarios de aguas, desde pequeñas comunidades de 3 usuarios, hasta Juntas de Vigilancia que gestionan el riego de más de 200.000 hectáreas. Desde el valle de Lluta por el norte, hasta Chile Chico por el sur. Cuidando y haciendo uso de canales de origen precolombino hasta canales construidos por el Estado a fines del siglo XX, pasando por cientos de canales construidos por los privados.

Todas estas organizaciones de usuarios de agua son personas jurídicas sin fines de lucro, autofinanciadas y auto gestionadas, que trabajan día tras día, y de noche también, enfrentando incertidumbres climáticas y desafíos locales, resolviendo conflictos entre asociados, y un sinfín de tareas más. En definitiva, ellas realizan la función pública de reparto de las aguas conforme a un mandato legal definido en el Código de Aguas, el cual no hace más que recoger la práctica ancestral del trabajo colectivo en torno a las obras hidráulicas comunes y la formaliza bajo principios definidos que le dan transparencia.

Estas instituciones son clave para la gestión local de las aguas y son la mejor, y muchas veces la única, expresión de gestión hídrica en las cuencas en la actualidad. Por eso es fundamental no solo reconocer, sino validar, mantener y fomentar su existencia y sus funciones.

Luego de muchos años de debate, se está desarrollando en Chile una intensa discusión sobre la institucionalidad necesaria para el cuidado y aprovechamiento de los recursos hídricos del país, desde el nivel nacional y hasta el nivel de cada cuenca. En esta profunda discusión, que incluso formó parte de la propuesta de la convención constitucional, no podemos cometer el error de dejar fuera a las actuales organizaciones de usuarios de aguas. Ellas deben ser reconocidas como un pilar fundamental de cualquier institucionalidad hídrica, deben seguir cumpliendo el rol de administración de las aguas, deben ser piedra angular de los consejos de cuenca, y deben estar validadas y potenciadas por una posible Agencia, Autoridad o Subsecretaría de aguas que se implemente a futuro.

Sea cual sea el resultado de esta discusión, no será exitosa si se prescinde de las organizaciones de usuarios de agua. Ellas no son un invento neoliberal ni un resabio soviético. Son la expresión de seres humanos racionales, que se agrupan para cuidar de manera comunitaria el recurso más valioso que existe para la vida en nuestro planeta: el agua.

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