En el texto de Constitución aprobado por la convención se incluye un artículo que consagra como “deber del Estado asegurar la soberanía y seguridad alimentaria”. Lo que a primera vista parece inocuo y suena bien, tiene implicancias relevantes. Definida por la FAO, la seguridad alimentariase consigue cuando todas las personas tienen de forma permanente acceso físico y económico a suficientes alimentos sanos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimenticias. Su foco no tiene relación con el origen de los alimentos, ni con quien los produce, ni a través de qué tipo de agricultura, sino con la disponibilidad de alimentos para las personas. Por su parte, sin tener una definición oficial, distintas ONGs y grupos de interés definen soberanía alimentaria como el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Su foco, entonces, es el modo de producción y el origen de los alimentos.

En Chile existen cerca de cinco millones de hectáreas de suelo arable (cultivable), lo que equivale al 6% de la superficie continental del país. De estas, sólo unas 764 mil hectáreas son territorios sin limitaciones, es decir, relativamente planos, profundos y sin pedregosidad. Una cifra bajísima en comparación a los demás países del continente que cuentan con varios millones de hectáreas arables sin limitaciones para su producción de alimentos. Esta situación nos lleva a que no contamos con la cantidad de tierras necesarias para producir la diversidad de alimentos vegetales para los casi 20 millones de chilenos. Por esto, el país debe importar casi el 50% de los requerimientos de cultivos como el maíz y trigo, entre muchos otros ejemplos, para satisfacer el consumo humano y animal. En esa línea, la obsesión de algunos grupos por la “soberanía alimentaria”, al limitar modelos y prácticas agrícolas y a su vez imponer qué se produce, podría poner en riesgo la disponibilidad de alimentos, es decir la seguridad alimentaria.

Para avanzar hacia una agricultura más sostenible debemos aumentar las producciones locales de los distintos vegetales. Por ejemplo, debemos avanzar en obtener variedades de cultivos con mayor rendimiento por hectárea, adaptadas al cambio climático, que nos permitan producir más en menos tierra, con menos insumos, disminuyendo las pérdidas y desechos de alimentos, y asegurando el bienestar económico de los agricultores. Esto último, se logra sólo con la inversión necesaria en ciencia, tecnología e innovación y con una agricultura tecnologizada y eficiente. Biotecnología, productos fitosanitarios, tecnologías de la información, ingeniería, entre otras, son fundamentales y el Estado debe ponerlas al alcance de los pequeños agricultores. Según la ambigüedad de las múltiples definiciones que se pueden encontrar, la soberanía alimentaria podría impedir el acceso a algunas o varias tecnologías que contribuyan a fortalecer la seguridad alimentaria.

El romanticismo de la agricultura de algunos grupos de interés no puede estar por sobre las necesidades de los agricultores ni de la población. Es imperativo no limitarnos en herramientas y tecnologías que tenemos a disposición para nuestros campos. No nos impongamos nuevas barreras ideológicas y regulatorias al desarrollo y sostenibilidad de nuestra agricultura.