Pasaron muchos años y 3 pasadas por el Congreso para tener una reforma sustancial al Código de aguas, una que esta vez al parecer tiene conformes a todos los actores interesados y a todo el espectro político. Celebro que se esté finalmente abordando con seriedad el tema y en la línea correcta: asegurar el consumo humano, encontrar un balance entre sustentabilidad con el desarrollo económico y al mismo tiempo dar certeza jurídica y tranquilidad a los actuales poseedores de títulos.

Como había un amplio consenso en su aprobación, vimos que la discusión se fue más por el lado histórico de cómo y por qué llegamos a la actual regulación. Pero más allá de ese análisis, todos concluyen que las circunstancias cambiaron y que el clima cambió, de manera tal que nos obliga a cuestionarnos cómo se organiza la administración del agua.

Creo que las reformas van por el lado correcto, pero quiero advertir que se requiere un cambio más profundo en la gobernanza del agua (incluso más que la creación de la subsecretaría de Recursos Hídricos del MOP), se requieren nuevas inversiones y formas de priorizarlas. pero lo más importante es una gestión desde la información integrada, con criterios técnicos y con una mirada de cuenca. El Estado tiene algunos mecanismos, pero debe insistir en ampliar y mejorar su gestión de la información jurídica y técnica. Uno de los temas que se plantearon como históricos fue la falta de información y de control de transferencia de los títulos, pero siquiera saber quién tiene qué título es solo el comienzo, y debe ser acompañado de formas de control y de ejercer efectivamente el aprovechamiento racional y limitar el uso desmedido e ineficiente.