Derechos (y Obligaciones) de Aprovechamiento de Aguas en Chile / Luis Gurovich

El mundo civilizado está construido en la realidad que los derechos que la Sociedad otorga a algunas personas o empresas, generan automáticamente obligaciones, en beneficio de la Sociedad como un todo.

El Agua en Chile es un bien de uso público, propiedad de todos los chilenos; el Estado ha asignado la gestión del agua a sus usuarios, por medio de derechos de aprovechamiento (DAA), que son bienes privados y forman parte del patrimonio de éstos.

El hecho de establecer estos derechos genera la obligación de usar el recurso en forma eficiente, aunque esta obligación no se haya registrado explícitamente en las disposiciones legales que dieron origen a los DAA. Es el deber ético y moral de quienes han sido beneficiados por la Sociedad, representada por el Estado, con DAA. Esto es especialmente vinculante en situaciones críticas, como la catástrofe nacional de sequía que enfrentamos desde hace 10 años, expresión del cambio climático global, provocado por el aumento en la concentración de gases de efecto invernadero, que caracteriza hoy a nuestro Planeta.

La agricultura de riego es el mayor consumidor de agua, en Chile y en el mundo. En nuestro país, entre el 75 y 80% de toda el agua disponible se consume en el riego de los cultivos agrícolas, para producir los alimentos requeridos por la población nacional y por los mercados de exportación. Hoy día, las exportaciones horto – frutícolas de Chile representan U$ 18 mil millones, aproximadamente un tercio del valor de nuestras exportaciones de cobre, un aporte nada despreciable a la economía nacional. En Chile, a diferencia de otros países, sin riego, no hay producción agrícola en un nivel sustentable.

¿Cómo podemos estimular a los productores agrícolas que poseen DAA para que cumplan con su obligación de usar más eficientemente el agua de riego? La experiencia nos enseña que el único mecanismo expedito, económico, de impacto general y de rapidísima adopción por parte de los usuarios es asociar un costo importante a la cantidad de agua efectivamente usada para el riego, tal como hacemos en nuestras casas y en otras actividades, como la industria.

Hoy día es posible medir en tiempo real la cantidad de agua extraída por un usuario, sea de un cauce superficial o desde un pozo que capta aguas subterráneas, con un costo ínfimo y una precisión casi absoluta.

Podemos establecer una cantidad de agua por hectárea que sea sin costo, como hasta ahora, en el rango del consumo real de los cultivos y, por cada metro cúbico adicional, un pago significativo y rápidamente creciente, a medida que la extracción adicional contribuye a disminuir la eficiencia de uso del recurso. Si se destina por ley toda la recaudación por uso ineficiente del agua a la inversión en infraestructuras de riego, en pocos años la realidad de nuestro país respecto a este tema será radicalmente diferente a la situación actual.

Luis Gurovich

Ingeniero Agrónomo

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